Aumentan fraudes inmobiliarios en México mediante plataformas digitales

En los últimos meses, el número de denuncias relacionadas con fraudes inmobiliarios cometidos a través de plataformas digitales ha registrado un incremento constante en diversas entidades del país. De acuerdo con reportes ciudadanos y alertas emitidas por expertos en seguridad digital, los delincuentes utilizan portales de anuncios clasificados y redes sociales para publicar ofertas de propiedades con precios significativamente inferiores al valor de mercado, atrayendo a posibles compradores o arrendatarios con documentos apócrifos y fotografías de inmuebles que no les pertenecen.

Especialistas en prevención de delitos financieros señalan que el modus operandi frecuente consiste en solicitar depósitos de apartado o pagos por concepto de gastos administrativos antes de realizar cualquier visita física a la propiedad. Una vez efectuado el movimiento bancario, los supuestos vendedores interrumpen toda comunicación, dejando a las víctimas sin sus recursos y sin acceso al inmueble prometido. Esta modalidad ha afectado tanto a familias que buscan vivienda propia como a personas que intentan rentar departamentos en zonas urbanas de alta demanda.

Ante este panorama, las autoridades sugieren a los interesados desconfiar de cualquier oferta que parezca demasiado atractiva o que presione al usuario a concretar transferencias inmediatas bajo la premisa de que existen otros interesados. Es fundamental realizar una investigación exhaustiva sobre la identidad del vendedor o la inmobiliaria, y nunca entregar dinero sin haber verificado personalmente el estado jurídico del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Como parte de las recomendaciones institucionales, se exhorta a la población a utilizar únicamente plataformas certificadas y a realizar las operaciones financieras a través de canales oficiales que permitan la trazabilidad de los pagos. Ante cualquier sospecha de irregularidad, se invita a los afectados a presentar su denuncia formal ante las fiscalías estatales o la unidad de policía cibernética de la SSPC, evitando así la impunidad en este tipo de delitos digitales que vulneran el patrimonio de las familias mexicanas.