Violencia política de género se triplica en México durante 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los medios de impugnación por violencia política en razón de género se han triplicado durante el presente año en México. Según los registros institucionales, el número de casos promovidos por mujeres pasó de 17 expedientes en 2023 a 46 denuncias formales en lo que va de 2026, lo que representa un incremento sustancial en la conflictividad electoral y el hostigamiento hacia servidoras públicas y candidatas.

El análisis técnico del organismo electoral revela que las redes sociales se han convertido en el principal escenario de agresiones, concentrando el 85 por ciento de las quejas presentadas. Meta encabeza la lista de plataformas con mayor número de solicitudes de remoción de contenido violento, seguido por otras redes sociales donde se difunden mensajes que buscan menoscabar la participación política de las mujeres mediante estereotipos y descalificaciones.

Ante este escenario, las autoridades electorales han intensificado la colaboración con las empresas tecnológicas para agilizar el retiro de publicaciones que vulneran la integridad de las mujeres en el ejercicio de sus cargos. Aunque los mecanismos actuales han logrado procesar una parte importante de las solicitudes, el volumen de ataques digitales continúa superando la capacidad de respuesta inmediata de las plataformas digitales bajo las normativas vigentes.

Especialistas y representantes del INE han señalado que este fenómeno responde a una mayor visibilidad de las mujeres en espacios de toma de decisiones, lo que ha detonado reacciones violentas en el entorno virtual. El organismo mantiene mesas de trabajo permanentes para fortalecer los protocolos de atención a víctimas y asegurar que las sanciones contra los agresores sean efectivas tanto en el ámbito administrativo como en el legal.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha reiterado que la violencia digital constituye un obstáculo grave para la democracia mexicana. Se han planteado propuestas para endurecer las medidas cautelares contra quienes incurran en estas conductas, buscando que la responsabilidad recaiga no solo en los autores de las publicaciones, sino también en quienes promueven campañas de odio coordinadas en la red.