Mercado ilícito de tabaco genera pérdidas fiscales por 35,000 millones de pesos
La combinación de contrabando y fabricación clandestina de cigarros afecta gravemente la recaudación nacional pese a los ajustes en el IEPS.

El mercado ilegal de tabaco en México representa actualmente una fuga de ingresos para el erario público estimada en 35,000 millones de pesos anuales, cifra que persiste a pesar de los constantes incrementos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según reportes académicos, la estrategia operativa de organizaciones criminales ha mutado hacia un modelo mixto que combina la introducción de productos de contrabando con la fabricación clandestina dentro del territorio nacional.
Investigadores del Colegio de México (Colmex) han señalado que este fenómeno ha creado una competencia asimétrica en el mercado formal. Mientras las empresas tabacaleras legalmente establecidas cumplen con estrictas regulaciones fiscales y sanitarias, los productos de origen ilícito se comercializan a precios significativamente menores, facilitando su distribución en tienditas y mercados sobre ruedas de diversas entidades federativas.
El esquema utilizado por los grupos delictivos no se limita únicamente al tráfico transfronterizo, sino que ha integrado laboratorios y plantas de procesamiento locales. Esta diversificación dificulta las labores de fiscalización del SAT y las acciones de vigilancia sanitaria, ya que los productos carecen de los controles de calidad exigidos por la Secretaría de Salud y el marco regulatorio vigente.
Expertos en la materia advierten que el impacto no es exclusivamente recaudatorio. La proliferación de estos cigarrillos sin control representa un desafío para la seguridad pública y la salud, al no existir garantías sobre los componentes químicos o los estándares de producción de lo que consume la población. La situación pone en alerta a las autoridades ante la consolidación de redes de distribución que operan con estructuras logísticas complejas.
Ante este escenario, se han planteado propuestas para fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el sector hacendario. El objetivo es implementar operativos más eficaces en las aduanas y en los puntos de venta minorista, buscando frenar la cadena de suministro que permite que estos productos lleguen al consumidor final sin pagar los impuestos correspondientes al Estado mexicano.
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